• Sábado 25 de Marzo del 2017

El "brexit" sitúa a los expatriados ante un limbo de incertidumbre

La salida británica de la Unión Europea (UE) coloca a los comunitarios residentes en el Reino Unido en una incierta posición ante la ausencia de garantías, a día por parte del Gobierno sobre su situación legal.

La ley del "brexit, sancionada ayer por la reina Isabel II, permite activar a partir de ahora el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, con el que se abre oficialmente el periodo negociador de dos años para ejecutar la salida británica de la Unión Europea (UE).
Actualmente, hay registrados 3,15 millones de comunitarios en el Reino Unido -de los cuales, 132,000 son españoles- frente a los 900,000 ciudadanos británicos que viven en diferentes puntos del continente, según datos oficiales británicos.

El inesperado desenlace del referéndum del pasado 23 de junio ha sumido a esos expatriados en una especie de limbo ante su futuro por la negativa del Gobierno británico a proteger desde ya, y de manera unilateral, sus derechos.

La primer Ministro Theresa May lleva meses insistiendo en que resolver ese asunto es prioritario, siempre y cuando el resto de países de la UE proteja asimismo a sus nacionales en el continente, una actitud que le ha reportado críticas por tratar a las personas como monedas de cambio.

El profesor de Ciencias Políticas del University College London (UCL) Nicholas Wright dijo que el Ejecutivo debería ofrecer garantías "unilateralmente" a los expatriados.
En primer lugar, por "una cuestión moral básica", al considerar que "quienes han hecho de este país su hogar deberían saber que su posición está asegurada" y, por otro lado, añadió este experto, por un motivo "más pragmático", el de "enviar un mensaje a la UE, que diga que aunque salimos del bloque, el respeto por nuestros vínculos y, en particular, por sus ciudadanos está claro".

"Las personas necesitan seguridad para planear sus vidas y no creo que el Gobierno gane nada no resolviendo este asunto", opinó Wright, al anticipar "negociaciones largas y complicadas".
A finales de 2016, el comité de Derechos Humanos del Parlamento británico instaba al Ejecutivo a no emplear a los comunitarios como "moneda de cambio" en su diálogo con Bruselas y urgía a alcanzar un acuerdo "preliminar", algo que May desoyó.

Muchos europeos que llevan más de cinco años residiendo aquí han comenzado ya los trámites para solicitar la residencia permanente, si bien lamentan que el proceso está plagado de trabas burocráticas.

La solicitud del documento al Ministerio de Interior, paso previo a la petición de la ciudadanía, conlleva un farragoso procedimiento.
Han de llenar un formulario de 85 páginas, en el que se exige estipular, entre otros requisitos, el número de viajes realizados al exterior desde la llegada inicial al país, detallando fechas de salidas y entradas al Reino Unido.

La ley comunitaria contempla que los ciudadanos del bloque adquieren automáticamente el derecho a la residencia permanente en otro país de la Unión si han vivido en él legalmente durante un mínimo de cinco años seguidos.

Fuente: 
Nex Noticias /Con datos de El Panamá América