Ministra Molinar califica de «insostenible» la situación en la UNACHI

En una contundente conferencia de prensa, la ministra de Educación, Lucy Molinar, rompió el silencio sobre la crisis que atraviesa la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), calificando la situación actual de la institución como inaceptable y anunciando acciones legales de alto nivel frente a lo que considera un manejo «opaco».

La ministra reveló que tras una reunión privada con la rectora de la UNACHI, quien inicialmente manifestó su intención de retirarse asegurando sus prestaciones, el Ministerio de Educación observó con «mucha pena» cómo el Consejo General Universitario decidió ignorar los problemas de fondo para centrarse únicamente en la permanencia de la autoridad. «No hay que ser un gran intelectual para entender que o hay complicidad o hay convergencia de intereses», sentenció Molinar al referirse a la inacción del Consejo frente a las denuncias.

Las irregularidades señaladas por el Meduca no son nuevas, pero han alcanzado un punto crítico. Según detalló la ministra, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) ha solicitado la separación de más de 14 personas por nombramientos irregulares, mientras que otras 64 personas permanecen bajo investigación por las mismas causas.

Entre las anomalías denunciadas se incluyen: Prácticas de nepotismo y nombramientos vinculados a familiares, concursos de cátedra «amañados» o inexistentes, diseñados para beneficiar a allegados y parientes, uso irregular de fondos de investigación y licitaciones hechas «a la medida» de particulares.

Molinar fue enfática al señalar que el concepto de autonomía no debe servir de escudo para estos actos: «Respetamos la autonomía universitaria… pero esto ya superó todos los límites de lo respetable». Por su parte, el viceministro encargado reforzó esta postura indicando que la autonomía «no se constituye para convertirse en un clúster de nepotismo y conflicto de intereses».

Ante la gravedad de los hechos, el Meduca ha elevado consultas formales ante la Procuraduría de la Administración para cuestionar la legalidad de las decisiones tomadas por el Consejo General Universitario. Asimismo, se confirmó la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público por la supuesta comisión de delitos de abuso de autoridad y extralimitación de funciones.

Toda la documentación relacionada ha sido remitida a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para las investigaciones pertinentes sobre el manejo de los recursos públicos en la institución.