La Defensoría del Pueblo envió una nota a la Contraloría General de la República en donde pide al titular de esta institución auditar las empresas de transmisión eléctrica que operan en el territorio nacional ante la supuesta vulneración a los Derechos Humanos y el Objetivo de Desarrollo Colectivo No.7 el cual establece que se debe “garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos”.
Las empresas que presuntamente han incumplido con la normativa son: Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A., Empresa Energías y Servicios Panamá, Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (Gas Natural Fenosa), Elektra Noreste y Subsidiarias, así como también Panamá Distribution Group, S.A.
La Defensoría, además, dió a conocer que “inició un proceso de quejas en contra de las empresas de distribución de energía eléctrica” por lo que solicitó al contralor realizar una “auditoría íntegra”, con la intención de que, se “verifique el buen uso y manejo de los fondos públicos, que han sido beneficiadas en atención al fondo de estabilización tarifaria y/o cualquier otro plan o programa que conlleve el uso de fondos provenientes de los atributos o tazas de todas las personas naturales o jurídicas que habitan en la República de Panamá”.

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