La Defensoría del Pueblo rechazó la aplicación de castración química para impedir reincidencia en delincuentes como parte de las consideraciones sobre el proyecto de ley para la modificación del Código Penal y Procesal Penal, que se evalúan en una subcomisión destinada a tal fin dentro de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.
María Trujillo, de Asesoría Legal de la institución, indicó que la castración química es contraria a la Constitución Nacional y a convenciones internacionales ratificadas por Panamá, pues como pena accesoria constituye en sí misma un trato cruel, inhumano o degradante y es violatoria de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes: además que se constituiría en «un nuevo tipo de pena de castigo que no se encuentra establecido en la legislación penal vigente».

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