El Contralor General Gerardo Solís, citó al Director Nacional de Fiscalización y a la fiscalizadora de la Contraloría en la Asamblea Nacional a quien, luego de rendir su informe se le comunicó de la suspensión por tres días de sus funciones como sanción administrativa ante el manejo en la compra de 7 mil mascarillas para uso del Órgano legislativo.
Conjuntamente con la medida administrativa, el contralor Solís instruyó negar el pago, hasta tanto se ajuste el precio de la adquisición, ya que actualmente no es justo y razonable, a la vez que ordenaron correctivos administrativos para que la situación no se repita.
La funcionaria, con más de 35 años de servicio en la Contraloría, se sintió sorprendida en su buena fe al tomar la decisión ante la presión de la urgencia necesaria para la seguridad de diputados y personal administrativo de la Asamblea Nacional.
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