El Ministerio de Comercio e Industrias informa que el Gobierno Nacional analiza con responsabilidad las implicaciones derivadas del cierre de la mina, con el objetivo de tomar decisiones sustentadas en evidencia y orientadas al bienestar de los panameños.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia marcó un punto de quiebre para el pais. La concesión, tal como existía, fue declarada inconstitucional, decisión que el Gobierno respeta y acata plenamente.
A partir de este contexto, el Estado tiene la responsabilidad de entender y atender las consecuencias que hoy enfrentan miles de panameños.
Más de 40.800 empleos directos e indirectos se han visto afectados. Al considerar a sus dependientes, más de 170,000 panameños han visto cambiar su realidad. Se trata de trabajadores, jefas de hogar. transportistas. pequeños comerciantes y proveedores que han perdido su principal fuente de ingresos.
Más de 2.000 empresas nacionales, en su mayoría pequeñas y medianas. enfrentan una caída significativa en su actividad; el 76 % de los proveedores ha tenido que reducir personal y el 42 % advierte que podría cerrar si la situación no cambia. En la provincia de Coclé. el desempleo pasó de 4 % a más de 13 %. impactando directamente a comunidades enteras.
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