Senado mexicano avala polémica reforma judicial tras convulsa sesión. Estados inician ratificación

La polémica reforma constitucional que restructurará el Poder Judicial mexicano y hará que todos los jueces sean elegidos en comicios, un cambio que sus críticos temen que politice la justicia y ponga en peligro la democracia, fue aprobada el miércoles de madrugada por el Senado en una convulsa sesión y horas después comenzó su ratificación por los primeros estados.

La votación en el Senado, el lugar donde más fácilmente se podría haber trabado la iniciativa aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados, se hizo en dos lugares distintos. Los senadores tuvieron que trasladarse a otra sede cuando cientos de manifestantes contrarios a la reforma irrumpieron en la sesión después de que Morena —el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador— y sus aliados ya parecían haber logrado el voto que les faltaba para cambiar la Constitución.

Pese a las fuertes protestas, tanto dentro como fuera de la cámara, la propuesta logró el voto a favor de 86 senadores, incluido uno de la oposición, frente a 41 en contra.

Eran las cuatro de la madrugada cuando la cámara alta estalló en vítores y cánticos de “Sí se pudo” por parte del oficialismo. Acababa una sesión maratónica, llena de gritos, acusaciones cruzadas, denuncias de los partidos de oposición de presiones y juego sucio.

Una vez aprobados por las dos cámaras del Congreso, los cambios constitucionales necesitan la ratificación de 17 de los 32 congresos estatales y la del primero llegó sólo un par de horas después.

En torno a las 6 de la mañana, el sureño estado de Oaxaca se convirtió en el primero en avalarla de forma unánime, con 41 votos a favor, incluidos los de los diputados del Partido de Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que se opusieron en el Senado.

Todo apunta a que el resto de los estados donde gobierna Morena o sus aliados se pronunciarán con la misma rapidez con lo que la reforma podría entrar en vigor antes del fin de la presidencia de López Obrador el 30 de septiembre, pese a los recursos judiciales que hay en su contra.