Este lunes en la madrugada falleció en el Reino Unido la bebé Indi Gregory, de 8 meses de edad, tras ser desconectada sin permiso de sus padres del soporte vital que la mantenía con vida.

La bebé, que sufría de un daño cerebral debido a una rara condición conocida como enfermedad mitocondrial, fue el centro de una batalla legal entre sus padres y las autoridades de salud británicas.
Sus médicos dijeron que se le debería retirar el soporte vital para permitirle morir en un hospital o en un centro de cuidados paliativos. Sin embargo, sus progenitores Dean Gregory y Claire Staniforth, lucharon para continuar con el soporte vital con la esperanza de que los tratamientos experimentales pudieran prolongar su vida. Incluso, el gobierno italiano había solicitado permiso para que ella fuera tratada en el Hospital Infantil Bambino Gesu de Roma.
No obstante, las autoridades argumentaron que Indi no tenía conciencia de lo que la rodeaba, estaba sufriendo y se le debía permitir morir en paz. Los jueces británicos rechazaron todos los intentos legales por mantenerla con vida.
En una declaración a primera hora del lunes, el padre de la bebé criticó amargamente a los tribunales por negarse incluso a dejarla morir en casa.
“Claire y yo estamos enojados, desconsolados y avergonzados”, dijo Gregory. «Lograron quitarle el cuerpo y la dignidad a Indi, pero nunca podrán quitarle el alma».
El caso es el último de una serie de disputas legales en el Reino Unido entre padres y médicos sobre el tratamiento de niños con enfermedades terminales. Los jueces británicos se han puesto del lado de los doctores en repetidas ocasiones en casos en los que el interés superior del niño tiene prioridad, incluso si los padres se oponen al tratamiento propuesto.
El viernes pasado, el juez del Tribunal de Apelaciones Peter Jackson dijo que los médicos que atienden a Indi y otros niños críticamente enfermos se habían visto en una posición «extremadamente desafiante» por la disputa legal y condenó lo que describió como «tácticas de litigio manipuladoras» diseñadas para frustrar las órdenes dictadas por jueces después de una cuidadosa consideración.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se pronunció al respecto en una publicación en las redes sociales: “Hicimos todo lo que pudimos, todo lo posible. Lamentablemente no fue suficiente».
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