En un mensaje directo a la nación, el presidente José Raúl Mulino abordó las implicaciones del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad del contrato de concesión de las terminales portuarias operadas por Panama Ports Company. El mandatario subrayó que los puertos representan un «eslabón clave para el comercio internacional» y que su administración no permitirá la improvisación en este activo estratégico.
Mulino reveló que, para evitar errores del pasado, el gobierno activó un plan de contingencia desde hace un año, evaluando los posibles escenarios ante las demandas interpuestas contra el contrato. «No podíamos repetir los errores y la improvisación del pasado», afirmó el presidente, asegurando que el país cuenta con un panorama «claro y previsible» para proteger la cadena de suministro mundial.
Acciones clave anunciadas por el Ejecutivo:
• Liderazgo Técnico: Se designó al Ingeniero Alberto Alemán Zubieta como líder coordinador de un equipo técnico encargado de garantizar que el proceso se realice con profesionalismo y orden.
• Garantía Laboral: El presidente fue enfático al dirigirse a los trabajadores: «su fuente de trabajo… está garantizada. No se producirán despidos». El Ministerio de Trabajo fiscalizará que se respeten todos los derechos y la continuidad laboral.
• Operación Transitoria: Se anunció que APM Terminals Panama (subsidiaria de AP Moller-Maersk) ha mostrado disposición para asumir la operación de ambas terminales de manera transitoria una vez el fallo quede ejecutoriado.
• Nueva Concesión: El objetivo final es culminar en una nueva concesión bajo términos favorables para el país, mediante un proceso «abierto y participativo» que defienda los intereses nacionales.
• Continuidad Administrativa: Se aseguró a proveedores y clientes que los vínculos vigentes se mantendrán sin variaciones, garantizando una transición administrativa ordenada.
El mandatario también instruyó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para que inicie reuniones inmediatas con Panama Ports Company con el fin de coordinar la transición. Aunque el Estado actuará como garante de los derechos de la empresa, también será un estricto fiscalizador de sus obligaciones contractuales hasta que finalice el periodo de transición.
Finalmente, Mulino reiteró que Panamá seguirá sirviendo al mundo como un centro logístico de excelencia, y que las entidades correspondientes ampliarán la información técnica para resolver cualquier interrogante de la ciudadanía
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