Panama Ports Company advierte de grave riesgo a la seguridad jurídica tras fallo de la Corte Suprema

La empresa Panama Ports Company S.A. (PPC) expresó su profunda preocupación ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional la Ley N.º 5 de 16 de enero de 1997, la cual ha servido como fundamento legal para sus operaciones en los puertos de Balboa y Cristóbal durante casi tres décadas.

La empresa calificó esta decisión como incompatible con el marco jurídico vigente y señaló que el fallo contradice la ley que aprobó el contrato de concesión original.

A continuación, se detallan los puntos más críticos expuestos por la compañía:

• Inversión y Desarrollo: PPC destacó que, a lo largo de 28 años de operación, la empresa y su inversionista han destinado más de 1,800 millones de dólares en infraestructura y tecnología. Esta cifra, según la nota de prensa, supera significativamente la inversión de cualquier otro operador portuario en el país, consolidando a Panamá como un hub logístico mundial.

• Impacto Social en Riesgo: La compañía advirtió que el nuevo fallo carece de fundamento jurídico y pone en peligro no solo el contrato de concesión, sino también el bienestar de miles de familias panameñas que dependen directa e indirectamente de la actividad en los puertos de Balboa y Colón.

• Denuncia de «Campaña del Estado»: PPC denunció que este fallo representa el desarrollo más reciente de una «campaña del Estado panameño» que ya suma más de un año afectando a la empresa y a sus inversionistas a través de acciones inesperadas. La empresa afirma que estas acciones socavan la reputación de Panamá como una jurisdicción confiable para la inversión extranjera.

• Seguridad Jurídica: Para la operadora, la estabilidad institucional y el respeto a los contratos son pilares fundamentales para el estado de derecho. En su comunicado, enfatizan que el fallo es diametralmente opuesto a decisiones anteriores de la propia Corte Suprema sobre contratos similares.

Acciones legales y llamado al diálogo

Pese a la situación, PPC reiteró su compromiso con sus trabajadores y las comunidades donde opera. No obstante, la empresa y sus inversionistas fueron enfáticos al declarar que se reservan todos los derechos de manera permanente, lo que incluye la posibilidad de recurrir a procedimientos legales e internacionales para proteger su concesión.

Finalmente, la compañía hizo un llamado urgente a la coordinación y a consultas respetuosas con el Estado para evitar interrupciones en los servicios portuarios de alta calidad que brindan a Panamá y al resto del mundo.

Panama Ports Company, S.A. («PPC»), operador de las terminales de Balboa y Cristóbal bajo la Ley 5 de 1997, emite este comunicado ante la declaración del Órgano Judicial sobre la supuesta inconstitucionalidad de dicho marco legal. pic.twitter.com/nKLHL7DJjQ

— Hutchison Ports PPC (@HutchisonPPC) January 30, 2026