Bielorrusia endurece las penas contra las manifestaciones

El presidente de Bielorrusia, el socialista Aleksandr Lukashenko, firmó el martes una ley que amenaza a manifestantes con años en prisión, un nuevo paso de su incesante represión a los opositores a su gobierno.

La ley prevé una sentencia de hasta tres años de prisión para participantes en protestas no autorizadas que hayan enfrentado sanciones por la misma causa al menos dos veces en un año. Previamente, participar en una manifestación no autorizada conllevaba multas o breves periodos en la cárcel.

El presidente Alexander Lukashenko ha enfrentado meses de protestas generadas por su reelección a un sexto mandato en unos comicios en agosto considerados ampliamente como fraudulentos. Las autoridades han respondido a las protestas con una violenta batida que ha dejado más de 35.000 arrestos y miles de personas golpeadas por la policía.

La represión fue centro de atención de nuevo el 23 de mayo, cuando Bielorrusia desvió a Minsk un vuelo de pasajeros de Ryanair que iba de Grecia a Lituania, y las autoridades arrestaron a Raman Pratasevich, un periodista disidente a bordo. Desde su arresto, Pratasevich, de 26 años, ha sido mostrado en varios videos en la televisión estatal arrepintiéndose lloroso de sus actividades y elogiando a Lukashenko, en declaraciones que la oposición fustigo como forzadas.

La nueva ley firmada por Lukashenko endurece además el castigo para la “ruda violación del orden público” de tres a cinco años en prisión. Las autoridades han usado ampliamente ese cargo contra manifestantes.

La medida introduce además términos de dos años en prisión por colocar en internet “información prohibida”, como llamados a la caída del gobierno.

Sigue a otra ley aprobada el mes pasado por el mandatario que prohíbe que la prensa reporte en vivo las manifestaciones no autorizadas y le permite al Ministerio de Información que cierre una organización de prensa sin necesidad de una orden judicial.

Las autoridades bielorrusas han reprimido incesantemente a los periodistas, incluyendo con el bloqueo de varios portales noticiosos importantes y la ilegalización de canales de apps de mensajes usados por la oposición.