Sistema educativo en medio de la crisis social

«Ese tiempo perdido, se perdió», dijo la exministra de educación Lucy Molinar frente a la crisis social por la que atraviesa el país y por la cual las clases han sido suspendidas en gran parte de las escuelas públicas del territorio nacional teniendo en cuenta que los docentes fueron de los primeros gremios que salieron a las calles para exigir al gobierno del Presidente Laurentino Cortizo el congelamiento del precio del combustible, el abaratamiento de los costos de los medicamentos y de la canasta básica, así mismo le exigen el cumplimiento de la inversión del 6% del producto interno bruto del país que constitucionalmente se debe asignar al sistema educativo pero que por décadas no se ha cumplido.

La exministra también recordó que, durante el punto más álgido de la pandemia producida por la covid-19, Panamá fue el país que mantuvo por más tiempo a los estudiantes fuera de las escuelas y que, el hecho de que en estos momentos los estudiantes no estén recibiendo clases agudiza la problemática en el sistema educativo y, en donde, evidentemente quienes más pierden son los estudiantes que ven su derecho a una educación de calidad violentado. Además, añadió que aunque «hay derecho a protestar y a expresarse todo lo que cada uno quiera, cuando tu perjudicas a quienes más necesitan de la educación para tener una oportunidad en la vida estas peleando contra un problema creando otro mayor».

Por otro lado, el sector empresarial ha expresado su preocupación por el cierre de las escuelas, «el daño que se le ha hecho a la educación panameña con las aulas cerradas por dos años es un daño y un impacto muy amplio», expresó Marcela Galindo presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, quién además recalcó las deficiencias de la educación del país, recordando la cruda realidad de que en Panamá existan estudiantes en niveles avanzados de escolaridad que no sepan leer ni escribir.

frente a todos estos acontecimientos, las cifras de deserción se elevan y no solo producto de los cierres y protestas mantenidas hasta el día de hoy sino que también, como consecuencia del desempleo e informalidad económica del país que ha causado que familias no tengan la facilidad de enviar a sus hijos o acudidos a clases y mucho menos para comprar aparatos tecnológicos  y recargas telefónicas para poder conectase a clases virtuales. Sin embargo, esta es la única alternativa que plantea el ministerio de educación.