Ante los hechos suscitados en los últimos días, donde familias fueron desalojadas de los terrenos del “Asentamiento Informal Tierra Prometida”, la Defensoría del Pueblo exhortó al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, establecer políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a una vivienda digna a los sectores de menor ingreso económico.
Asimismo, recomendamos a la Policía Nacional que, al momento de ejecutar estas acciones, tomar las medidas efectivas, para evitar malos tratos y la vulneración a la integridad física contra las personas que son expulsadas del lugar.
«Como entidad que regenta los derechos humanos en toda la República, lamentamos y censuramos los actos de violencia de algunas personas, quienes vandalizaron el Hospital Nicolás Solano y los bienes en sus alrededores, atentando contra la propiedad privada y poniendo en riesgo el derecho a la atención médica», afirma la institución.
Durante el día sábado 23 de octubre, personal de la Defensoría del Pueblo se apersonó al “Asentamiento Informal Tierra Prometida”, constatando varias familias que pernoctan a la intemperie, entre ellos personas mayores, niños, niñas y adolescentes, por lo que sugerimos al Estado la consecución de una solución habitacional.
La Defensoría del Pueblo reitera que se mantienen abiertos los canales de petición y mediación e insta a todas las partes a llegar un punto de entendimiento donde prevalezca el diálogo, que permita preservar los derechos fundamentales de todos los habitantes del país.
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