Ante el aumento de los casos de coronavirus, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el miércoles un decreto transitorio que prohíbe las concentraciones de gente en actos públicos y privados, exceptuando actividades culturales, artísticas y deportivas.
Quien incumpla la medida podría ser sancionado por un delito de desobediencia que acarrearía una pena de uno a tres años de prisión.
Políticos opositores y representantes de la sociedad civil criticaron de inmediato la decisión alegando que busca silenciar la libertad de expresión de la ciudadanía, que en las últimas semanas ha salido masivamente a la calle para protestar contra las políticas del gobierno del presidente Nayib Bukele.
El director ejecutivo de la ONG Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, dijo que con este este decreto se criminaliza la protesta social.
El diputado Johnny Wright Sol, del partido Nuestro Tiempo, afirmó durante el debate plenario que la normativa “es una clara evidencia que para el gobierno existen aglomeraciones favoritas y otras que incomodan. Lo que aparenta ser es un decreto disfrazado para prevenir el aumento del COVID solo para un tipo de concentración”.
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