Presidente Mulino sanciona Ley del Presupuesto 2026 con récord en inversión pública

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 293, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, por un monto total de B/.34,901 millones, el cual contempla un fuerte programa de inversiones de B/.11,188 millones orientado a dinamizar la economía, generar empleo y mejorar la calidad de vida de los panameños.

El presidente Mulino destacó que la distribución presupuestaria responde a un enfoque social que prioriza las necesidades de la población y garantiza la prestación de servicios esenciales, al tiempo que impulsa la productividad y la sostenibilidad fiscal del Estado.

“Este presupuesto refleja el compromiso de nuestro gobierno con la gente, con la educación, la salud y el bienestar de todos los panameños. Cada balboa invertido busca generar oportunidades y fortalecer la confianza en las instituciones del país”, subrayó el mandatario durante el acto de sanción.

En materia de Salud, el presupuesto asignado fue de B/.10,049 millones, de los cuales la suma de B/.1,838 millones corresponden al Ministerio de Salud y B/ 8,211 millones, a la Caja de Seguro Social.
Para el sector de Educación, lo presupuesto fue de B/.5,690 millones, de los cuales B/.3,639.5 millones corresponden al Ministerio de Educación; además, B/.830.5 millones a Universidades e Institutos Especializados y B/.1,219 millones a otros sectores que contribuyen a la educación.

De igual forma, al sector del Agro, el presupuesto para la vigencia fiscal 2026 fue de B/.279.6 millones, mientras que en Obras Públicas lo asignado fue de B/.715 millones y el monto de B/.985 millones, a Seguridad.

El Presupuesto General del Estado 2026 mantiene un enfoque de responsabilidad fiscal, proyectando una reducción del déficit del 4.0% del PIB en 2025 al 3.5% en 2026, conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Asimismo, este presupuesto refleja eficiencia en el uso de los recursos públicos, transparencia en su distribución e impulsa un crecimiento económico inclusivo.

Con la sanción de esta ley, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso de administrar con eficiencia y responsabilidad los recursos públicos, garantizando que cada inversión contribuya al progreso social y económico de Panamá.