El proceso legal contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo ha entrado en una pausa tras la reprogramación de su audiencia de fase intermedia para el próximo 13 de octubre.
Esta postergación responde a un recurso de apelación pendiente relacionado con el intento de la fiscalía de incautar una propiedad del exfuncionario, quien actualmente enfrenta cargos por un presunto enriquecimiento injustificado de 1.9 millones de dólares.
Mientras tanto, la defensa sostiene que el patrimonio tiene una trazabilidad legal previa a su gestión pública, el tribunal deberá primero resolver las controversias sobre la evidencia antes de pasar al debate probatorio definitivo.