Europa avanza con la ley de inteligencia artificial

La primera ley de inteligencia artificial del mundo está a un paso de convertirse en realidad: con el visto bueno este miércoles del Parlamento Europeo, los países de la Unión Europea (UE) empezarán en cuestión de meses a prohibir ciertos sistemas en función del riesgo que supongan para sus ciudadanos.

¿De dónde viene?

La preocupación por la rápida evolución de la inteligencia artificial (IA) llevó a la Comisión Europea a proponer la ley en abril de 2021: el impulso legislativo se nutrió de varias propuestas ciudadanas durante la Conferencia sobre el Futuro de Europa, y también de la voluntad de impulsar a la industria europea frente a China y Estados Unidos.

El proyecto no estaba pensado para sistemas generativos, pero el estallido el año pasado de programas como ChatGPT llevó a los Veintisiete a incluirlos en la legislación. Francia, Alemania e Italia se oponían a regularlas para no cortar las alas a empresas como la francesa Mistral AI o la alemana Aleph Alpha, pero al final dieron su brazo a torcer.

¿En qué puede afectar?

Podrás seguir utilizando sistemas generativos tan populares como ChatGPT, de Open AI, o Gemini (antes Bard), de Google, pero éstos tendrán que respetar los derechos de autor y ser transparentes cuando generen textos o creaciones artísticas mediante inteligencia artificial.

No deberás temer una vigilancia masiva del Gobierno ni de empresas privadas, ni tampoco sistemas distópicos de puntuación o manipulación social. Tu empresa no podrá utilizar la IA para contratarte, despedirte o evaluar tu trabajo en prácticamente ningún caso, ni tu universidad para seleccionarte, ni tu banco para analizar tu solvencia.

Podrás presentar reclamaciones si consideras que un sistema vulnera tus derechos, y será ilegal que te engañen con un ‘deepfake’ o interactúen contigo desde un chatbot sin revelar que al otro lado no hay una persona real.

¿Cómo se implementará?

La UE ya ha creado la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, encargada de implementar la ley y compuesta, entre otros, por expertos en regulación designados por cada Estado miembro. Entre sus cometidos está el de ayudar a las empresas a ajustarse a las normas antes de que entren en vigor.

Habrá multas para quienes no cumplan: hasta 35 millones de euros o el 7 % de la facturación mundial anual de la empresa (si es una cantidad mayor).

Habrá una base de datos pública que identificará aquellos sistemas considerados de «alto riesgo», a no ser que estén relacionados con fuerzas de seguridad pública o migración.

La población podrá presentar reclamaciones ciudadanas sobre los sistemas de IA y recibir explicaciones sobre las decisiones que afecten a sus derechos.