El dirigente Guillermo Cortés, que representa a los jubilados, dio detalles sobre el clima que ha percibido en la mesa de diálogo con el Gobierno nacional y miembros del sector privado, para llegar a un acuerdo sobre la ley 226.
El propósito central de estas reuniones es alcanzar un consenso antes de que venza el plazo constitucional de 30 días hábiles que tiene el mandatario para decidir entre la sanción o el veto de la normativa.