La Asamblea aprobó, en tercer debate, una reforma al Código Penal que sanciona el cierre ilegal de caminos públicos y la apropiación de tierras del Estado. La norma establece sanciones de entre 3 y 10 años de prisión para quienes cierren u obstruyan el acceso a playas, ríos y otras áreas de uso público.
El proyecto fue impulsado por el diputado Edwin Vergara, y se le añadieron los artículos 229-A y 229-B al Código Penal, estableciendo sanciones más contundentes. Actualmente, la iniciativa está a la espera de la sanción del presidente José Raúl Mulino, quien decidirá si la ley entra en vigencia.
Panamá busca con esta medida reforzar la protección del acceso a las vías públicas, garantizar el derecho al libre tránsito y frenar la apropiación ilegal de bienes estatales.
Estas prácticas restringen el crecimiento económico local, especialmente en zonas con potencial turístico, donde incluso se han documentado cobros ilegales para acceder a ríos, playas y caminos que históricamente han sido públicos.
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