Policía de Hong Kong arresta a casi 200 personas en primer día de nueva ley de seguridad

La policía de Hong Kong disparó cañones de agua, gases lacrimógenos y detuvo a casi 200 personas el miércoles, luego de que manifestantes salieron a las calles en desafío a la ley de seguridad nacional promulgada por China que, según sus críticos, tiene como objetivo sofocar la disidencia.

Pekín dio a conocer los detalles de la ley por la tarde del martes, después de semanas de incertidumbre, empujando a la ciudad más libre de China y a uno de los centros financieros del mundo hacia un sistema más autoritario.

Miles de manifestantes se reunieron en el centro de la ciudad para conmemorar el aniversario de la entrega de la antigua colonia británica a China, en 1997, y luego la policía antidisturbios usó gas pimienta y disparó perdigones para hacer arrestos cuando la multitud se desbordó en las calles gritando “resistan hasta el final” e “ independencia para Hong Kong”.

“Tengo miedo de ir a la cárcel, pero para que se haga justicia tengo que salir hoy, tengo que ponerme de pie”, dijo un hombre de 35 años que se llamaba Seth.

La nueva ley castigará los delitos de secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras con hasta cadena perpetua, habrá por primera vez organismos de seguridad del continente en Hong Kong y permitirá la extradición a China continental.

El parlamento chino aprobó la medida en respuesta a las protestas del año pasado provocadas por el temor a que Pekín estuviera sofocando las libertades de la ciudad, garantizadas por una fórmula de “un país, dos sistemas” acordada cuando el territorio volvió a soberanía china.

El miércoles, la policía citó la ley por primera vez al confrontar a los manifestantes. “Están desplegando banderas o pancartas, cantando consignas o conduciéndose con una intención de secesión o subversión, lo que puede constituir delito según la ley de seguridad nacional”, dijo la policía en un mensaje desplegado en un letrero morado.

Las autoridades de Pekín y Hong Kong han dicho repetidamente que la ley está dirigida a unos pocos “alborotadores” y que no afectará los derechos y libertades, ni los intereses de los inversores.