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El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en representación del Ejecutivo, presentó a la Asamblea Nacional de Diputados la iniciativa legislativa que establece una transformación estructural de la Dirección General de Carrera Administrativa, que busca garantizar la profesionalización, transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos humanos del sector público, además de hacer justicia a miles de trabajadores del Estado.
En la sesión de este martes, el Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 21-25, que subroga la Ley 9 de 20 de junio de 1994 que establece y regula la Carrera Administrativa, y se autorizó al ministro Orillac a llevar ante los diputados, para su respectiva discusión en el Órgano Legislativo, este documento que contiene, además, la creación del Instituto Nacional de Administración Pública como una entidad con autonomía técnica y funcional.
“La propuesta fue el resultado de seis amplias mesas de trabajo multisectorial que tuvieron como propósito identificar los desafíos que afronta la carrera administrativa y proponer los cambios necesarios”, explicó Orillac en la presentación.
La norma ubicará a Panamá en la ruta para superar actuales limitaciones en el sistema, cerrar la puerta a prácticas clientelistas y nombramientos por política, y garantizar que los mejores talentos ingresen y asciendan en el Estado, teniendo en cuenta que se instituye un nuevo modelo de servicio profesional, estable y comprometido con los intereses de la ciudadanía.
En el consejo de ministros se destacó que la aprobación de esta ley constituye un instrumento esencial para materializar los compromisos de modernización del Estado y fortalecimiento institucional contenidos en el Plan de Gobierno 2024-2029, al dotar al Estado panameño de un marco legal moderno y eficaz para la gestión del talento humano.
Según datos de la entidad rectora, solo el 5% de los funcionarios (13,086 trabajadores, de un total de 260 mil) se encuentran en el estatus de Carrera Administrativa, lo que representa limitantes para la realización de evaluaciones. Con la nueva reforma que se propone, estos serán incorporados con transparencia, para asegurar calidad y resultados al servicio de la ciudadanía.
El diagnóstico también revela que 87% de los servidores públicos en puestos de carrera no tienen el estatus correspondiente, por lo que se cuenta con el consenso de los grupos de trabajadores organizados para corregir esa injusticia, al dar estabilidad, igualdad y reglas claras, aplicando principios de mérito, equidad, inclusión, legalidad y eficiencia. Todo ello contribuye al desarrollo institucional, la estabilidad del empleo público y la mejora continua del servicio al ciudadano.
El proyecto presentado a la Asamblea Nacional recoge las mejores prácticas internacionales y los aprendizajes derivados de las experiencias previas en la implementación de la Carrera Administrativa, según recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Esta iniciativa, añadió Orillac, valora la propuesta entregada por el diputado Roberto Zúñiga al Órgano Ejecutivo, y es el consenso de representantes de la Federación Nacional de Asociaciones y Sindicatos de Entidades Públicas (Fenasep); Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato); la Procuraduría de la Administración, Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá; la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; y el Ministerio de la Presidencia, representado por la Dirección General de Carrera Administrativa.
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