Ministerio Público verifica sellado de fosas en la investigación sobre las víctimas de la Invasión

Las autoridades judiciales culminaron el jueves el proceso de exhumación de cuerpos en busca de desaparecidos durante la invasión de Estados Unidos al país en 1989.

En este proceso, que comenzó el pasado 20 de enero y sufrió un receso debido a la crisis por la pandemia de COVID-19, se exhumaron en total «33 bolsas cadavéricas» con «restos de personas víctimas de la invasión de los Estados Unidos a Panamá», dijo el Ministerio Público en un comunicado.

Las bolsas se encuentran «debidamente embaladas» en la Morgue Judicial y una vez los restos «estén en el laboratorio del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses serán trabajados por los peritos para realizarles su debido análisis».

Este proceso de exhumación comenzó al amparo de una decisión judicial que reabrió 14 casos de desaparecidos durante la invasión estadounidense de diciembre de 1989 para capturar al dictador Manuel Antonio Noriega (1934-2017).

Los restos óseos, algunos de los cuales fueron hallados en féretros y bolsas de plástico, serán sometidos a análisis que incluyen comparación con el ADN de los familiares de las víctimas de la acción militar a fin de corroborar la identidad, de acuerdo con la información oficial.

El equipo de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público panameño realizó las exhumaciones con la asesoría del Equipo Argentino de Antropología Forense, y al inicio de la a diligencia se informó de que se tenía prevista la excavación de un total de 19 fosas en el Jardín de Paz de la capital panameña.

Treinta años después aún no se sabe con certeza en Panamá el número real de los fallecidos durante la invasión, en la que EE.UU. movilizó 26.000 soldados y usó armamento de última generación para capturar a Noriega, que, acusado de narcotráfico, se entregó el 3 de enero de 1990, y desmantelar las Fuerzas de Defensa panameñas.

Documentos estadounidenses desclasificados a lo largo de los años y publicados por primera vez en diciembre pasado señalan 516 muertos durante la invasión, de ellos 314 militares, la gran mayoría panameños, mientras que en el país centroamericano se habla de miles de civiles fallecidos y de violaciones de derechos humanos.

Una Comisión respaldada por el Gobierno panameño investiga desde 2016 para determinar el número real de víctimas, identificarlas y establecer la base para probables reclamaciones individuales, dijo a Efe el presidente del organismo, el rector universitario Juan Planells.

«Contrario a lo que muchos creen, las víctimas no fueron militares y batalloneros que defendían el Gobierno de Noriega. En su gran mayoría fueron civiles que sufrieron estas consecuencias a través de violación de protocolos de guerra», dijo Planells.