La policía de Nicaragua allanó el viernes la residencia de un obispo católico y aparentemente lo detuvo junto a varias personas que lo acompañaban después de que los agentes sitiaran el lugar durante dos semanas.
La operación, que se produjo antes del amanecer, ocurrió luego de que las autoridades nicaragüenses acusaran el 5 de agosto al obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez -un abierto crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega- de presuntamente “organizar grupos violentos” e incitarlos “a realizar actos de odio contra la población”.
A primera hora del viernes la diócesis de Matagalpa publicó en las redes sociales el mensaje: “#SOS #Urgente. A esta hora la Policía Nacional ha ingresado a la Curia episcopal de nuestra Diócesis de Matagalpa”.
Ni la Policía Nacional ni el gobierno confirmaron de momento el allanamiento y las detenciones.
El gobierno de Ortega ha perseguido sistemáticamente a las voces disidentes. Decenas de líderes políticos de la oposición fueron arrestados el año pasado, incluidos siete posibles candidatos para desafiarlo a la presidencia, y fueron condenados a prisión en juicios rápidos y cerrados al público.
A su vez el Congreso, dominado por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional, ordenó el cierre de más de 1.000 organizaciones no gubernamentales, incluida la organización benéfica de la Madre Teresa.
En un mensaje de vídeo, Pablo Cuevas, abogado del no gubernamental Comité Permanente de Derechos Humanos, condenó la detención de Álvarez pero dijo que no era inesperada. “Ha ocurrido lo que evidentemente iba a ocurrir, la detención arbitraria y abusiva de Monseñor Álvarez”, afirmó.
Edwin Román, un sacerdote nicaragüense exiliado en Estados Unidos, tuiteó: ”¡DIOS MÍO! Qué barbaridad, se han llevado a Monseñor Rolando Álvarez, con los sacerdotes que estaban con él”.
La policía dijo la semana pasada que la investigación al obispo de Matagalpa incluía a varias personas y advirtió que no se les permitiría salir de sus casas mientras se realizaban las indagaciones.
Álvarez ha sido una voz clave en las discusiones sobre el futuro de Nicaragua desde 2018, cuando una ola de protestas contra el gobierno de Ortega llevó a una represión que dejó 355 muertos, más de 2.000 heridos y al menos 100.000 exiliados, de acuerdo con organismos de derechos humanos.
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