Un grupo de trabajo integrado por representantes de siete países involucrados el éxodo incesante de personas que afecta a la región centro y norte del continente investigará el fatídico accidente de los migrantes ocurrido este jueves en el sur de México, que dejó al menos 55 muertos.
Los gobiernos de México, Estados Unidos, Nicaragua, Guatemala, Ecuador y Honduras acordaron actuar «con determinación» ante «la tragedia y el dolor», señaló el canciller mexicano Marcelo Ebrard, en un mensaje pronunciado al reunirse con ministros y embajadores de los países involucrados.
A propuesta de Guatemala, se decidió crear este grupo para llevar adelante una «acción inmediata contra la red de traficantes de personas responsables de la tragedia» en el estado sureño de Chiapas, para «investigar, identificar, aprehender y presentar ante la justicia» a los responsables de esta «tragedia humana», dijo Ebrard.
El ministro atribuyó a una «organización transnacional criminal» este suceso, que arrojó al menos un centenar de heridos, la mayoría guatemaltecos y hondureños, pero también ecuatorianos y nicaragUenses.
El acuerdo para indagar el caso obliga a cada país involucrado a «iniciar en su territorio la investigación» y echar mano de «las herramientas existentes de cooperación jurídica» así como establecer «un mecanismo de intercambio fluido y directo» de información.
El propósito es presentar «a la brevedad, resultados a los deudos y a la opinión pública en general», señaló.
Por su parte, el canciller guatemalteco Pedro Brolo, propuso «endurecer las penas» de quienes «juegan con la esperanza de la gente y operan en la clandestinidad» sacando provecho de la «vulnerabilidad de la gente».
Además, planteó penalizar el «coyotaje» (trasiego de personas) como un delito grave para ser considerado en el caso de las extradiciones y que juntos los países involucrados «endurezcamos penas en la legislación».
Se prevé además convocar a una próxima reunión de alto nivel para evaluar el avance de estas acciones.
Los cancilleres y embajadores, entre los que figuraron el representante de Estados Unidos en México Ken Salazar, demandaron al gobierno de Estados Unidos «apoyar el desarrollo e inversión» en Centroamérica para «evitar que tragedias como la de Chiapas se repitan».
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