La Corte Constitucional de Colombia aprobó la despenalización del aborto en el país hasta la semana 24 de gestación luego de deliberar el lunes, confirmó el tribunal en un comunicado.
Colombia se convierte en uno de los países más flexibles de Latinoamérica en lo que refiere a la interrupción voluntaria del embarazo y se une a países como Argentina, Cuba y Uruguay donde también es legal con límite de tiempo. El siguiente paso será la legislación. Colombia elegirá nuevos congresistas el 13 de marzo y presidente el 29 de mayo. No será la primera vez que el Legislativo debata el tema. En años anteriores lo ha intentado sin éxito debido a la gran polémica que suscita.
Las activistas a favor del aborto celebraron y ondearon sus icónicas pañoletas verdes a las afueras de la corte por considerar que se trata de una “decisión histórica”.
“Significa el reconocimiento de nuestra libertad y nuestra autonomía, pero no pararemos hasta conseguirla completamente”, dijo a The Associated Luz Ángela Gómez, profesora universitaria de 39 años.
El tribunal definió que las mujeres podrán interrumpir su embarazo hasta la semana 24 sin incurrir en el delito de aborto, que da a las mujeres que lo practiquen o a quien les ayude entre uno y tres años de cárcel. La demanda pedía que se eliminara el delito de aborto totalmente, lo cual no fue aprobado.
Luego de las 24 semanas de gestación, las mujeres podrán abortar solo en tres casos aprobados desde 2006 por esa misma corte: cuando había peligro para la vida o la salud de la mujer, malformaciones del feto incompatibles con la vida y acceso carnal violento o incesto.
La corte exhortó al Congreso para que “formulen e implementen una política pública integral” que evite los “amplios márgenes de desprotección para la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes”, indicó el tribunal en un comunicado.
En Colombia, un país de tradición católica, algunos sectores se oponen a cualquier clase de despenalización del aborto pues consideran que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción. “Estamos totalmente sorprendidos, no entendemos cómo se dio, lo que tendremos que hacer es salir a manifestarnos, hacer un llamado a la bancada provida del Congreso para que lo regulen”, indicó a la AP Jonathan Silva, activista de Unidos por la Vida, quien se manifestaba frente a la corte.
La corte detalló que la ley que regule el aborto debe contener una “divulgación clara de las opciones disponibles para la mujer gestante durante y después del embarazo”, así como la eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de sus derechos sexuales, la prevención del embarazo y la planificación, acceso a programas de educación sexual y “medidas de acompañamiento a las madres gestantes que incluyan opciones de adopción”.
Juan Manuel Charry, experto en derecho constitucional, explicó a la AP que hay una zona gris con respecto a lo que el Congreso podría legislar, por ejemplo, definir un límite de tiempo distinto a las 24 semanas de gestación para interrumpir el embarazo o detallar los casos en los que se consideraría que aplica una de las causales como la malformación del feto.
Sin embargo, cree que el Congreso no podría tomar una medida contraria tan radical como para volver a penalizar el aborto totalmente y mientras legisla aplicará la sentencia de la corte que avala el aborto libre hasta la semana 24. “Volver al delito sin excepciones sería muy difícil, porque lo más probable es que la corte se lo declare inexequible”, señaló Charry.
La decisión se da luego de más de 500 días de que fuera interpuesta la demanda por el movimiento Causa Justa que aglutina un centenar de organizaciones a favor del aborto y los derechos de las mujeres.
La demanda alegaba que al estar vigente el delito de aborto se violaba el derecho a la igualdad de las mujeres, sobre todo de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad por vivir en zonas rurales o ser migrantes, para que puedan optar por una interrupción de su embarazo incluso estando en las causales autorizadas.
El aborto está totalmente prohibido en países como Haití, El Salvador, República Dominicana y Nicaragua, de acuerdo con el Centro de Derechos Reproductivos.
