Las detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual y otros abusos por parte de las fuerzas rusas contra civiles en territorios ucranianos pueden constituir crímenes contra la humanidad, denuncia un informe publicado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
La documentación de estas prácticas entre febrero y octubre de 2022 en más de 20 centros de detención por parte de la OMCT junto a las ONG ucranianas Iniciativa de Medios para los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos ZMINA demuestra que “no son incidentes aislados” y forman parte de una “política deliberada de tortura”.
“Estos crímenes alcanzan el umbral de tortura y persecución de un amplio grupo político, por lo que pueden constituir crímenes contra la humanidad”, comentó al respecto la asesora de la OMCT para Europa y Asia Central, Maryia Kvitsinskaya, en un comunicado.
La investigación presentada este jueves se basa en entrevistas con víctimas y testigos de 63 casos -38 de tortura y 25 de otros malos tratos- en las regiones ucranianas de Kiev, Chernígov, Zaporiyia, Donetsk, Járkov y Jersón.
Perfil del torturado: leal a Ucrania y reacio a la ocupación
La OMCT denuncia que tras el control de algunos territorios de estas regiones en 2022, el ejército y los servicios especiales rusos comenzaron a perseguir a un amplio grupo de civiles que eran leales a Ucrania, se oponían a la ocupación y tenían una actitud negativa hacia las tropas, los políticos o la ideología rusa.
El documento habla en este sentido de unas “señales comunes” que eran buscadas por los militares rusos durante los procedimientos de inspección para identificar a ciudadanos ucranianos como “sospechosos”.
Incluían, por ejemplo, el consumo de noticias o música ucraniana, el contacto con familiares o conocidos que sirvieran a las tropas del país, donaciones en favor del Ejército o fotos con la bandera nacional de Ucrania, la de Estados Unidos o la de la Unión Europea, entre otras.
Los responsables del informe advierten además que, a medida que avanzaba la invasión, el Ejército ruso empezó a interpretar estos signos de forma más amplia, apuntando a un grupo cada vez mayor de civiles.
Esto provocó que, además de las personas que sí que estaban en contra de la ocupación rusa, otras muchas fueran acusadas erróneamente, representando 18 de los 38 casos documentados en el informe (48 %).
Además, entre las personas sometidas a tortura entrevistadas había también individuos de grupos identificados como vulnerables, incluyendo a tres mujeres, cinco ancianos o una persona con enfermedades crónicas graves.
Detenciones inhumanas
De acuerdo con el informe, todas las condiciones de detención documentadas incumplían las normas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, con 28 de los 38 casos (73 %) en los que las condiciones eran “tan deficientes que equivalían a tortura”.
La mayoría de las víctimas fueron recluidas en celdas en condiciones de hacinamiento, en las que no había apenas espacio para dormir, a menudo sin luz natural y ubicadas en instalaciones muy frías en invierno y muy calurosas en verano.
Además, en todos los casos documentados que se califican de tortura en este informe, las víctimas fueron sometidas simultáneamente a múltiples formas de maltrato físico y psicológico.
También se reportó el uso de violencia sexual en siete de los 38 casos documentados (18 %), que incluían desde puñaladas a uso de pistolas paralizantes en la zona genital hasta desnudez forzada y amenazas, castración o violaciones.
“Muchos entrevistados describieron esta experiencia como la peor de sus vidas, relatando los constantes gritos de horror de otros detenidos”, añadió en el comunicado la responsable del departamento de Documentación de la ONG ucraniana Centro de Derechos Humanos ZMINA, Yelyzaveta Sokurenko.
Que los responsables rindan cuentas
El informe exige en su apartado de conclusiones que las autoridades rusas tomen medidas inmediatas para poner fin a estas violaciones de los derechos humanos.
Piden también la intervención de Ucrania, la Corte Penal Internacional y la comunidad internacional para investigar los casos de tortura y malos tratos reportados.
Finalmente, se solicita que los responsables de estos abusos rindan cuentas, que se proporcionen servicios de apoyo a las víctimas y se garantice su acceso a la justicia a través de los mecanismos jurídicos internacionales.
