La empresa Panama Ports Company S.A. (PPC) expresó su profunda preocupación ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional la Ley N.º 5 de 16 de enero de 1997, la cual ha servido como fundamento legal para sus operaciones en los puertos de Balboa y Cristóbal durante casi tres décadas.
La empresa calificó esta decisión como incompatible con el marco jurídico vigente y señaló que el fallo contradice la ley que aprobó el contrato de concesión original.
A continuación, se detallan los puntos más críticos expuestos por la compañía:
• Inversión y Desarrollo: PPC destacó que, a lo largo de 28 años de operación, la empresa y su inversionista han destinado más de 1,800 millones de dólares en infraestructura y tecnología. Esta cifra, según la nota de prensa, supera significativamente la inversión de cualquier otro operador portuario en el país, consolidando a Panamá como un hub logístico mundial.
• Impacto Social en Riesgo: La compañía advirtió que el nuevo fallo carece de fundamento jurídico y pone en peligro no solo el contrato de concesión, sino también el bienestar de miles de familias panameñas que dependen directa e indirectamente de la actividad en los puertos de Balboa y Colón.
• Denuncia de «Campaña del Estado»: PPC denunció que este fallo representa el desarrollo más reciente de una «campaña del Estado panameño» que ya suma más de un año afectando a la empresa y a sus inversionistas a través de acciones inesperadas. La empresa afirma que estas acciones socavan la reputación de Panamá como una jurisdicción confiable para la inversión extranjera.
• Seguridad Jurídica: Para la operadora, la estabilidad institucional y el respeto a los contratos son pilares fundamentales para el estado de derecho. En su comunicado, enfatizan que el fallo es diametralmente opuesto a decisiones anteriores de la propia Corte Suprema sobre contratos similares.
Acciones legales y llamado al diálogo
Pese a la situación, PPC reiteró su compromiso con sus trabajadores y las comunidades donde opera. No obstante, la empresa y sus inversionistas fueron enfáticos al declarar que se reservan todos los derechos de manera permanente, lo que incluye la posibilidad de recurrir a procedimientos legales e internacionales para proteger su concesión.
Finalmente, la compañía hizo un llamado urgente a la coordinación y a consultas respetuosas con el Estado para evitar interrupciones en los servicios portuarios de alta calidad que brindan a Panamá y al resto del mundo.
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