Centro Carter afirma que no puede ser considerada como democrática las elecciones en Venezuela

La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática, afirmó en un comunicado el Centro Cartes.

La organización con sede en Atlanta, destacó que no ha podido verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela.

“El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales. El proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación”, puntualiza el comunicado.

Igualmente, afirma que a lo largo del proceso electoral las “autoridades del CNE mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición”.

E Centro Carter también resalta los problemas en el exterior, donde los ciudadanos enfrentaron barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias, para inscribirse en el padrón en el extranjero. El resultado de la restrictiva jornada especial se tradujo en cifras muy bajas de nuevos votantes en el exterior.

El registro de partidos y candidatos tampoco se adecuó a estándares internacionales. En los años recientes, partidos de la oposición han sufrido intervenciones judiciales en desmedro de sus liderazgos social y políticamente más reconocidos para beneficiar a personas afines al gobierno, influyendo sobre la conformación de sus candidaturas. De manera aún más importante, la inscripción de la candidatura de las principales fuerzas de oposición se halló sujeta a la discrecionalidad de las autoridades electorales que adoptaron decisiones sin respetar principios jurídicos básicos.

La campaña electoral se desarrolló con un notable desequilibrio a favor del gobierno en todos los campos. La candidatura oficialista contó con muy amplios recursos, lo que se tradujo en la gran desproporción de mítines, murales, vallas y afiches a su favor. Se observó el abuso de recursos públicos, incluyendo el uso de vehículos, la movilización de funcionarios para la campaña y el uso de programas sociales. Asimismo, la candidatura gubernamental tuvo preponderancia en la televisión y la radio, tanto en publicidad, transmisión de eventos y cobertura noticiosa.

Las autoridades intentaron restringir las campañas de la oposición, incluyendo la persecución e intimidación de personas que prestaron servicios o vendieron bienes para el proselitismo opositor para generar un efecto disuasivo. Pese a este contexto, la ciudadanía venezolana se movilizó masiva y pacíficamente el 28 de julio para expresar sus preferencias.

La jornada de votación transcurrió de una manera cívica, pese a restricciones en el acceso a recintos para observadores nacionales y, sobre todo, testigos de partidos, mecanismos de eventual presión sobre el electorado (puntos de control partidario gubernamental en la cercanía de los recintos para verificar la asistencia de los votantes) e incidentes de tensión o violencia reportados en algunas localidades. En el número limitado de recintos visitados, los equipos de observadores del Centro Carter comprobaron la voluntad de la ciudadanía venezolana por participar en un proceso electoral democrático y demostrando su compromiso cívico como integrantes de mesa, testigos de partidos y observadores.