Human Rights Watch acusa a Panamá y Colombia de no proteger a los migrantes

“Restringir el trabajo de MSF es exactamente lo contrario a lo que se necesita para abordar la situación en el Tapón del Darién”, señaló Goebertus.

Las recomendaciones de HRW se publicaban mientras cifras récord de migrantes cruzan la selva del Darién en su camino a Estados Unidos.

El año pasado, más de 520.000 personas cruzaron el denso bosque sin carreteras situado entre Sudamérica y Centroamérica, según el departamento migratorio de Panamá. Es el doble que en 2022.

En torno a la mitad de las personas que hicieron el peligroso viaje eran venezolanos que huían de la crisis política y económica de su país. Se sumaban a decenas de miles de migrantes de Ecuador y Haití, así como a unos 4.000 refugiados afganos.

El camino por la jungla puede durar de tres a cinco días, y los migrantes pagan cientos de dólares a guías y contrabandistas para que les lleven por caminos embarrados y traicioneros cruces de ríos. Docenas de personas se han ahogado.

El lado colombiano del Darién está controlado por el Clan del Golfo, un cártel del narcotráfico que cobra impuestos a los guías locales y gana hasta 125 dólares por cada migrante que cruza a Panamá, según estimaciones proporcionadas a HRW por militares colombianos y citadas en el informe previo del grupo sobre el Darién, publicado en noviembre.

En su reporte más reciente, HRW señaló que el gobierno colombiano debería asegurarse de que la fiscalía “investiga el papel del Clan el Golfo en el traslado de migrantes y solicitantes de asilo al otro lado del Tapón del Darién”. También instó a Colombia a incrementar la presencia del estado en la zona y dedicar más recursos a agencias que investigan los ataques contra los migrantes.

“Los delitos contra migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién, incluyendo recurrentes casos de violencia sexual, normalmente no son investigados ni castigados”, dice el informe. “La rendición de cuentas por estos abusos es poco frecuente, debido a una combinación de recursos y personal limitados, la falta de una estrategia de investigación penal para estos casos y la escasa coordinación entre las autoridades colombianas y panameñas”.