Preparan decreto para regular la reubicación de comunidades vulnerables

Durante una reunión entre el Ministerio de Ambiente y Human Rights Watch, funcionarios informaron que actualmente se elabora un decreto sobre adaptación climática, cuya adopción está prevista para abril de este año. Este decreto establecerá las bases jurídicas para abordar los desplazamientos y la reubicación planificada de comunidades vulnerables a través de la creación de un protocolo nacional de reubicación planificada.

Esto refleja un enfoque integral que considera los riesgos específicos de cada región y promueve soluciones sostenibles para las comunidades vulnerables, garantizando su seguridad y bienestar frente al cambio climático.

El ministro Juan Carlos Navarro ha retomado estos esfuerzos con el objetivo de consolidar una planificación estratégica para reducir la vulnerabilidad climática y fortalecer la resiliencia del país, basada en evidencia científica, derechos humanos y participación comunitaria.

Gardi Sugdub y Ukupa en la comarca Guna Yala, como comunidades costeras, enfrentan desafíos por los impactos del cambio climático, incluyendo el aumento del nivel del mar e inundaciones recurrentes. A raíz de esto, para MiAMBIENTE es crucial escuchar las voces de la población y hacerlos parte del proceso de diseño e implementación de las estrategias de reubicación.

“La institución seguirá impulsando espacios de consulta y trabajo conjunto para que la reubicación planificada responda a las necesidades reales de la población y garantice su bienestar en el contexto del cambio climático”, afirmó Juan Carlos Monterrey.

Panamá busca liderar con una respuesta integral y estructurada que sirva de ejemplo en la región. En este sentido, se han logrado avances en la gestión de los riesgos climáticos y en la recopilación de información sobre los desplazamientos humanos relacionados con fenómenos climáticos, estableciendo así una línea base para la construcción de un protocolo nacional de reubicación planificada. Este protocolo representará un paso fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de las poblaciones más vulnerables del país.