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El Ejecutivo devolvió parcialmente objetado a la Asamblea Nacional de Diputados el proyecto de ley 100, que adiciona un capítulo a la Ley 16 de 1995, que reorganiza el Instituto Nacional de Deportes (Pandeportes). La decisión se tomó luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, hiciera consultas y recibiera opiniones de los actores vinculados al deporte panameño, el otorgamiento de becas y la asignación presupuestaria.
Según nota remitida a los diputados, el proyecto que busca crear el Programa para el Fomento y Desarrollo de Estudiantes Atletas entra en conflicto con el marco jurídico vigente. El Ejecutivo señala que la iniciativa duplica funciones que ya son ejercidas legalmente por Pandeportes, lo cual contraviene la regulación integral del deporte, la recreación y la actividad física en Panamá.
El Ejecutivo añade que, aunque el proyecto busca facilitar a los atletas el acceso a becas deportivas en universidades extranjeras, esta función también duplica programas existentes. Actualmente el otorgamiento de becas deportivas y el cumplimiento de las condecoraciones y estímulos al mérito deportivo corresponden legalmente a Pandeportes, en conjunto con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).
Agrega que este proyecto no identifica la fuente de financiamiento ni una clara disponibilidad presupuestaria que permita desarrollar con responsabilidad el programa, por lo que su implementación entra en conflicto con normas presupuestarias establecidas en la Constitución Política de la República.
Lo anterior, señala, podría afectar la capacidad de la administración pública para distribuir los recursos de manera eficiente conforme a las prioridades nacionales y las políticas públicas vigentes. Dado que el proyecto busca que el programa rija el año lectivo posterior a su promulgación (es decir, en 2026), se acarrearía el riesgo de no dotarlo de un presupuesto adecuado.
Se aclara que para la toma de esta decisión se recibió aportes de Pandeportes, el Ministerio de Economía y Finanzas y del Ifarhu, y se identificaron razones que permiten objetar de manera parcial, por inexequible e inconveniente, el contenido de los artículos 31-M y 31-N, numeral 5 del proyecto de ley.
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