Los ministros de Comercio e Industrias, Economía y Finanzas, y Ambiente entregaron al presidente de la República, José Raúl Mulino, el Informe Final de la Comisión Interministerial sobre el sitio minero Cobre Panamá, ubicado en Donoso. El documento, encargado el 1 de julio de 2026 para evaluar la auditoría integral e identificar las opciones para la Nación, fue publicado de forma íntegra para consulta ciudadana el mismo día de su entrega.
Preservación activa, auditorías independientes y cumplimiento ambiental
El informe aclara que el sitio minero no se encuentra operando para extracción, sino bajo un plan de preservación y manejo seguro ordenado por el Estado, supervisado por 164 instrumentos de monitoreo en la instalación de relaves. Como medida de seguridad ambiental, se procesa un acumulado de 31.6 millones de toneladas de roca extraídas antes de noviembre de 2023. Esta fase se autosostiene con recursos generados en el sitio sin costo para el erario, habiendo aportado 30 millones de balboas en regalías y generado 2,300 contrataciones directas que sostienen unos 7,000 empleos indirectos.
En cuanto a la evaluación técnica, el Estado contrató a la firma SGS Panamá Control Services Inc. para una auditoría integral de 15 tomos, acompañada de una revisión de pares independiente realizada por una consultora ambiental eslovaca. Al evaluar 370 compromisos ambientales, el informe consigna tres lecturas:
- 98.92% de cumplimiento medido compromiso por compromiso.
- 97.5% incluyendo casos de cumplimiento parcial (9 de 370 compromisos).
- 87.73% en calificación integral ponderada, la cual incorpora riesgos y pasivos futuros.
Las cuatro no conformidades detectadas se concentran de forma exclusiva en flora, restauración ecológica y reforestación, descartándose fallas en la estabilidad de relaves, calidad del agua o emisiones atmosféricas.
Impacto económico y el elevado costo de un cierre sin acuerdo
La Comisión advierte sobre las repercusiones financieras y sociales derivadas de la falta de definición. La parálisis previa afectó a más de 6,000 empleos directos y 30,000 indirectos (alrededor de 144,000 personas en total) y perjudicó a 2,000 proveedores panameños. Actualmente, cada día transcurrido representa para el país no generar B/. 6.85 millones en divisas, B/. 3.79 millones de aporte al producto nacional, B/. 1.28 millones en impuestos directos y B/. 390 mil para la Caja de Seguro Social.
Respecto a un eventual cierre definitivo sin ningún tipo de acuerdo, el informe proyecta un costo de entre US$800 y US$1,000 millones en un plazo de 7 a 9 años para el cierre físico, sumado a un mantenimiento posterior de US$15 a US$20 millones mensuales durante al menos 10 años más. El costo total acumulado ascendería a entre B/. 2,600 y B/. 3,400 millones, cifra equivalente a hasta el 9.7% del Presupuesto General del Estado de 2026. Asimismo, el documento detalla que las cuantías reclamadas en los procesos arbitrales internacionales contra el Estado superan los 27,000 millones de dólares.
Seis criterios no negociables y el pronunciamiento del Ejecutivo
Para orientar cualquier solución futura, la Comisión fijó seis criterios fundamentales:
- Acatamiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia y de la Ley 407 de 2023.
- Rectoría del Estado y titularidad de la Nación sobre los yacimientos.
- Cero costo fiscal para el Presupuesto General del Estado.
- Transparencia verificable.
- Prioridad a las comunidades afectadas por el cierre.
- Supervisión conforme a estándares internacionales.
La propuesta central del informe recomienda evaluar un acuerdo que ponga fin a los arbitrajes pendientes y fije las condiciones para una puesta en marcha que conduzca a un cierre progresivo y ordenado sin costo para el erario nacional.
