La Casa Blanca se mantuvo firme este miércoles en la política de deportaciones aplicada bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y desacreditó al juez que las ha bloqueado, James Boasberg, y a los magistrados en general que intentan frenar las acciones del presidente estadounidense, Donald Trump.
«Los jueces de este país están actuando erróneamente. Tenemos jueces que actúan como activistas partidistas desde el tribunal. Intentan imponer políticas al presidente de Estados Unidos. Intentan claramente frenar la agenda de esta Administración, y eso es inaceptable», dijo la portavoz presidencial, Karoline Leavitt.
En su rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca destacó que seguirán peleando en los tribunales las órdenes en su contra y en contra de las deportaciones.
«Pero es increíblemente evidente que existe un esfuerzo concertado por parte de la extrema izquierda para elegir jueces que claramente actúan como activistas partidistas desde la magistratura en un intento por desbaratar la agenda de este presidente. No permitiremos que eso suceda», advirtió.
En su opinión, dichos jueces no solo están «usurpando la voluntad» del presidente y del Ejecutivo, «sino que están socavando la voluntad del público estadounidense, de decenas de millones de estadounidenses que eligieron debidamente» a Trump para implementar tales políticas.
Por ello recalcó que la ciudadanía «desde luego» que puede esperar que la campaña de deportaciones masivas prosiga.
Trump invocó el fin de semana la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 que no se ha usado desde la Segunda Guerra Mundial, para acelerar las deportaciones de supuestos miembros de la banda criminal transnacional Tren de Aragua.
La cruzada de Trump contra los migrantes
El presidente argumentó que EE.UU. estaba sufriendo una «invasión» de dicho grupo, aunque no presentó pruebas, y, pese a la orden judicial, ha enviado ya a más de 200 venezolanos a El Salvador, que se ofreció a encarcelarlos.
«No tenemos ningún vuelo planeado específicamente, pero continuaremos con las deportaciones masivas. El juez en este caso intenta afirmar que el presidente no tiene la autoridad ejecutiva para deportar a terroristas extranjeros de nuestro territorio. Eso constituye un flagrante abuso de poder. Este juez no puede, no tiene esa autoridad», concluyó Leavitt.
La portavoz rechazó presentar las pruebas que justifican la supuesta pertenencia de esas personas al Tren de Aragua y dijo confiar en los agentes que se dedican a esa labor.
Trump y su círculo cercano incrementaron este miércoles la presión contra Boasberg después de que el congresista republicano Brandon Gill iniciara en la Cámara de Representantes el proceso de destitución.
En caso de que ese primer paso sea validado por dicho hemiciclo, las perspectivas de éxito para un intento de destitución son inexistentes, según los expertos, puesto que el cese solo se volvería efectivo si dos tercios del Senado refrendan lo aprobado por la Cámara Baja, lo que requeriría el apoyo de hasta 14 senadores demócratas.
