Gobierno, jubilados y empresarios analizan cómo afinar el esquema de descuentos

Las alternativas para ajustar o reemplazar el proyecto de ley 226 sobre descuentos a jubilados y pensionados en Panamá fueron analizadas este martes en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas, durante la segunda reunión de coordinación entre el Gobierno Nacional, la Asamblea Nacional, dirigentes de gremios de jubilados y representantes del sector privado.

Este encuentro da seguimiento a la iniciativa del presidente de la República, José Raúl Mulino, de encontrar solución a los cuestionamientos que han surgido por la presentación del proyecto de ley 226, y a la necesidad de que los jubilados de Panamá tengan un esquema de descuentos que les haga justicia, pero sin afectar a las micro y pequeñas empresas.

Este objetivo fue planteado por el mandatario cuando se sentó junto con dirigentes de gremios jubilados y representantes de la empresa privada en su despacho, el pasado 9 de septiembre.

En esta segunda ocasión, el encuentro fue coordinado por la viceministra de la Presidencia, Virna Luque, quien estuvo acompañada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda; y el diputado proponente del proyecto de ley, Javier Sucre; la viceministra de Economía, Eida Sáiz; y el asesor presidencial Ricardo Fábrega.

Participaron los dirigentes de gremios de jubilados Guillermo Cortés, Roberto López, Santiago Miranda y Telva Núñez de Córdoba, al igual que el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría; la presidenta de Fedecámaras, Alicia Jiménez; y Orlando Pérez, en representación de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias.

Los participantes intercambiaron opiniones sobre ajustes al esquema de descuentos para jubilados, tomando en cuenta que existen productos y servicios vinculados al turismo y a hotelería que no benefician directamente a los adultos mayores más necesitados del país.

Por otro lado, se planteó la necesidad de que existan descuentos justos para los jubilados en energía eléctrica, transporte público, telefonía, servicios de salud y compra de artículos como pañales para adulto mayor, sillas de ruedas y andaderas.