El presidente colombiano Gustavo Petro declaró el viernes el “estado de conmoción” en el noreste del país, una figura que le da facultades extraordinarias legislativas y la posibilidad de restringir algunos derechos con la que busca atender una reciente escalada de violencia en una zona fronteriza con Venezuela que ha dejado en los últimos días al menos 80 muertos y 36.000 desplazados.
La figura jurídica, que no había sido usada por ningún gobierno desde hace más de una década, lo faculta por un plazo inicial de 90 días —prorrogable dos veces— para dictar medidas para restablecer “el orden público” como restringir el derecho a la libre circulación o imponer toques de queda.
Según el gobierno, el estado de conmoción interior busca hacer frente a la violencia desatada en el Catatumbo, fronterizo con Venezuela, por enfrentamientos entre la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.
El decreto de estado de conmoción interior fue publicado por la presidencia el viernes y en él se detalla que solo regirá para la región del Catatumbo, no para todo el país.
Desde Tibú, uno de los municipios de Catatumbo, el líder social Jaime Botero celebró la declaratoria de conmoción interior al considerarla necesaria. “El pueblo está contento… los que están criticando no están pasando las calamidades y las necesidades que tenemos nosotros”, señaló a The Associated Press Botero, en una entrevista por video en la que vestía un chaleco antibalas por seguridad.
Según la Defensora del Pueblo el desplazamiento masivo que se ha registrado en el Catatumbo en la última semana puede ser el más grande en un sólo evento en el país desde 1997.
Ante la violencia, de la que el gobierno responsabiliza principalmente al ELN, el presidente suspendió la mesa de negociación que mantenía activa desde noviembre de 2022 con esa guerrilla la semana pasada y la fiscalía reactivó el miércoles las órdenes de captura contra 31 altos mandos y voceros guerrilleros en los diálogos.
La ley colombiana establece que en estado de conmoción, el gobierno puede expedir decretos con fuerza de ley —sin que pasen primero por el Congreso— y temporalmente imponer contribuciones fiscales, modificar el presupuesto gubernamental y restringir algunos derechos.
Los decretos que se emitan en la conmoción interior tienen control posterior y automático por parte de la Corte Constitucional, que en caso de no encontrarlos ajustados a la ley puede dejarlos sin efecto.
Según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con la declaratoria buscan atender a las comunidades afectadas por la violencia, especialmente a los desplazados; hacer inversiones sociales en una región con poca presencia estatal y fortalecer las capacidades militares, lo que incluye interceptar comunicaciones e intensificar el control de la producción y comercialización de la coca.
Botero, quien como líder es el presidente de Asojuntas de Tibú, aseguró que es urgente que el Estado recupere el control del Catatumbo y lleve a cabo mejoras en infraestructura, salud y educación, porque a su juicio es esa ausencia la que ha dado poder a los armados en la zona.
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