Desconexión de las autoridades atiza las manifestaciones

La supuesta desconexión de las autoridades gubernamentales con la realidad de los panameños, está siendo el punto de inflexión que genera y atiza las manifestaciones sociales en contra de la administración del presidente Cortizo, y que amenazan con volver a las calles de forma masiva tal cual ocurrió el pasado mes de julio, en donde diferentes organizaciones sociales y de varios sectores económicos salieron a protestar para exigir al gobierno soluciones alcanzables y puntuales a los múltiples problemas que enfrentan la mayoría de los panameños. 

Uno de los puntos alcanzados en la mesa única de diálogo por Panamá, llevada a cabo en la provincia de Coclé, fue que el gobierno se comprometió a destinar 5.5% del producto interno bruto (P.I.B.) del años 2022 al presupuesto 2023 del sistema educativo, administrado por el Ministerio de Educación y con el 6% constitucional, en el 2024. Sin embargo, en la discusión de la vista fiscal para el presupuesto del próximo año 2023, no se cumple con lo acordado. 

«El 5.5% del P.I.B.,  representa al rededor de 500 millones de dólares en aumento al presupuesto del Ministerio de Educación para buscar que se arreglen las aulas rancho y se invierta en alimento para los estudiantes», expresó el profesor Armando Espinoza, quien con un grupo de docentes se manifestaron en los predios de la Asamblea Nacional.

El docente, miembro de la Asociación de Maestros Independientes, también detalló que a la fecha «hay 800 escuelas ranchos en este país y que repercute en más de 30 mil estudiantes que no tienen acceso a tener un aula digna». 

Las diferentes asociaciones docentes aseguraron continuar con las manifestaciones pacíficas para que los acuerdos alcanzados se cumplan.